POR OSVALDO GIORDANO*
21/02/13-Clarin
En Córdoba viven jubilados cuyas prestaciones la administra ANSES (quienes trabajaron en el sector privado) y otros que cobran en la Caja de la Provincia (quienes trabajaron en el sector público provincial y municipal). El elemento común es que todos son perjudicados por el masivo desvío de fondos de ANSES para financiar la irresponsable administración fiscal del gobierno nacional. Prueba de ellos es que según datos oficiales, en los primeros 11 meses del año 2012 se transfirieron desde ANSES unos $26 mil millones al Tesoro Nacional.
Esto se suma al creciente uso de fondos previsionales para comprar títulos públicos y para depositarlos en bancos oficiales.
El desfinanciamiento de ANSES no es neutral para los intereses de los jubilados. El testimonio más contundent e son los cientos de miles de jubilados, muchos de ellos cordobeses, a los que se les paga menos de lo que legalmente corresponde.
Pero también lo sufren los jubilados de la Caja provincial, ya que desde enero del año 2011, sin motivo que lo justifique, el gobierno nacional suspendió la asistencia financiera que fija la normativa vigente.
Como es previsible en un estado de derecho, los incumplimientos devienen en reclamos. Frente a ellos los funcionarios nacionales se aferran a la estrategia de la dilación. El perfeccionamiento de argucias procesales para eludir responsabilidades es notable. No importa la legitimidad del reclamo, los pronunciamientos de la justicia, ni los daños que las dilaciones producen.
La prioridad absoluta es “ganar tiempo”.
La misma lógica que sigue ANSES de manera directa contra sus jubilados la aplica de manera indirecta contra los jubilados de la Caja de Córdoba. Es fácil verificar que Córdoba es la jurisdicción que más avanzó en el proceso de armonización de su normativa previsional a los criterios que rigen a nivel nacional; incluyendo la adopción de las mismas edades de retiro. Sin embargo, en la mitad de la ejecución de un convenio y sin explicitar motivos, el gobierno nacional arbitrariamente suspendió su ejecución. Frente al legítimo reclamo de la Provincia, ANSES sigue con rigidez, insensibilidad y desprecio por las instituciones la estrategia de la dilación judicial.
En algún momento la ley prevalecerá por sobre la arbitrariedad, pero mucho más sano sería cambiar la lógica de la dilación por la del cumplimiento espontáneo de las normas. Obviamente que este anhelo sólo se podrá concretar cuando se termine con la perversa práctica d e desviar fondos de los jubilados a otras finalidades.
*Sec. Previsión Social de Córdoba
No hay comentarios:
Publicar un comentario